El Tribunal Supremo ha rechazado la casación de la sentencia valorando únicamente los datos aportados por el Ayuntamiento

Iniciativa Porteña recurrirá al Tribunal Constitucional al considerar que el Supremo ha vulnerado sus derechos, ya que les ha privado de la práctica de las pruebas que la entidad presentó junto al primer expediente de segrega- ción. En ellas se justifica tanto la viabilidad económica de las dos poblaciones al independizarse como su distancia territorial.

El Puerto, 24 de febrero de 2011.– La comisión promotora de la segregación de El Puerto sobre Sagunto, Iniciativa Porteña (IP), ha iniciado los trámites para elevar al Tribunal Constitucional la tramitación de la autonomía municipal. Una decisión motivada tras la notificación remitida este martes por la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de la sentencia con la que desestima el recurso de casación interpuesto por IP a finales de 2008.

La comisión promotora pedía en su recurso que el expediente de segregación volviera a ser tramitado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), de modo que se ejecutaran las pruebas presentadas por los segregacionistas en el proceso y que el tribunal autonómico no valoró ni tuvo en cuenta en su fallo con el que ratificaba el dictamen denegatorio emitido por el Consell en 2006.

Una sentencia politizada

Según el letrado de IP, Eduardo Alberola, en caso de haberse ejecutado las pruebas aportadas, en las que se incluían presupuestos independientes a cinco años vista y un minucioso estudio de la viabilidad económica de los núcleos de población una vez segregados, ninguno de los argumentos apuntados en la sentencia autonómica tendría sentido: «Nunca antes se había visto una sentencia tan politizada como ésta, en la que sólo se han tenido en cuenta los argumentos esgrimidos en los informes de los técnicos municipales, dejando de lado los aportados por la parte que solicita la segregación: Iniciativa Porteña». Además, el recurso de casación se apoyaba en que se habían vulnerado las formas legales indicadas en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial. Otra de las pruebas obviadas por el TSJ eran las correspondientes a la demostración de que Sagunto y El Puerto son dos núcleos de población territorialmente diferenciados, ya que desde los tribunales intentan acreditar dicha unión basándose en una hipotética unión futura que marca el Plan General de Ordenación Urbana del año 1992. Alberola considera que «nuevamente están jugando a adivinar el futuro, diciendo que los dos núcleos de población con toda probabilidad se unirán en el futuro, cuando lo que tienen que juzgar es lo que acontece en el presente. De hecho, al afirmar que los dos núcleos tienden a unirse, ya están reconociendo que son dos núcleos territorialmente diferen- ciados y por lo tanto, deberían darnos la razón en nuestras afirmaciones. Esto es otra demostración más de la indefensión a la que nos están sometiendo amparándose para ello en los argumentos de una de las partes, sin dejar siquiera abierta la posibilidad a defendernos con pruebas periciales, que es a fin de cuentas lo que hemos demandado».

Sin embargo, el Alto Tribunal desestima ahora la casación de la sentencia, sin entrar al fondo del asunto y valorar las pruebas presentadas, admitiendo que basta para determinar el fallo la documentación presentada por el Ayuntamiento de Sagunto y no la aportada por IP. El portavoz de Segregación Porteña, partido con el que IP está representado en el ayuntamiento de Sagunto, Manuel González, considera esta sentencia «un ataque más contra la voluntad mayoritaria de los porteños que es, ni más ni menos, que se reconozca administrativamente el derecho de nuestro pueblo a tener su propio Ayuntamiento. Lo único que consigue con la politización de la justicia es que los porteños dejemos de creer en el Estado de Derecho».

Llamamiento a las urnas

Ante este panorama, González llama a los vecinos a las urnas para dejar claro cuál es la verdadera pretensión de los porteños: «Los porteños queremos alcanzar la Plena Municipalidad y lo vamos a demostrar con mayor autodeterminación que en las pasadas elecciones locales de mayo del 2007». Recordamos que Segregación Porteña fue la opción más votada en esta parte de la población y la segunda fuerza política del ayuntamiento, equiparada en cantidad de concejales al PSPV, dato importante si tenemos en cuenta que SP únicamente recibe votos de los porteños. «Además de la vía política, continuaremos con la defensa en los tribunales del primer expediente, que ahora irá al Tribunal Constitucional, y mantendremos las espadas en todo lo alto con el segundo que presentamos en 2006, en el que seguro se nos dará la razón», añade González. Y todo ello a pesar de que recientemente desde el gobierno autonómico se intentaba torpedear este segundo expediente con un dictamen al parecer fuera de todo procedimiento, elaborado por el Director de Cohesión Territorial. Recordemos que este segundo expediente cuenta con la voluntad mayoritaria de los vecinos de la parte a segregar, ya que IP acompañó el documento con más de 17.000 firmas ante notario que certificaron la mayoría absoluta a favor del «sí» a la segregación.